FILIBUSTERISMO JUDICIAL

Se denomina filibusterismo a la metodología política que practica el obstruccionismo a fin de evitar, retrasándola, todas aquellas leyes o actos legislativos que constitucionalmente deban de llevarse a cabo como es el caso de El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva dos años caducado y sin visos de pretender solucionar su situación de deslegitimación, que les beneficia de forma interesada porque siguen mandando y actuando conscientemente con arreglo a unas circunstancias ya sobrepasadas en nuestro ordenamiento jurídico.

Entre las causas a las que se responsabiliza de esta anómala situación se sitúa la negativa de los conservadores a negociar su renovación por diversas razones como son que todos los imputados de su partido, en las diversas causas que los definen, encontrarían un enjuiciamiento benevolente entre los amigos que conforman la famosa sala segunda o de lo penal. O bien que mientras que la oposición esté en el gobierno, es decir, los enemigos de España que han llegado al poder merced a los votos de los españoles, la negociación es inviable porque estos contrincantes que no enemigos, según su modo de ver, no son españoles, ni debería consentírseles votar ni formar partidos ni estar en España. La primera es una razón práctica, la segunda una razón ideológica que demuestra que nuestra derecha no está por la labor de confraternizar a todos los españoles.

A toda acción corresponde una reacción y en asuntos políticos esto es más verdadero que en cualquier otra materia, aun cuando la fuerza resultante no alcancemos a saber si está suficientemente controlada. Una variable de esta resultante puede ser el afán de volver a un bipartidismo, imaginado como una arcadia perdida, llena de acuerdos incontestables que se aprecia como muy difícil a tenor de que los supuestos usurpadores poseen ya un centenar de escaños en el parlamento.

Otra variable posible sería la de estabilizar un poder judicial que ejerza de impedimento insalvable para detener los avances imparables de la secularización liberal, una especie de baluarte regresivo destinado a preservar las esencias más puras del nacionalcatolicismo, y cabe suponer que este papel es de la satisfacción de sus señorías.

Pero es difícil imaginar al poder judicial manipulado por el poder político dado que esculcando en las biografías y contextos sociopolíticos de los personajes, no es posible dudar del sólido asentamiento cultural de nuestros magistrados, que ni tras la ardua influencia, recibida por su ejecutoria a través de la dictadura, transición y demás reveses políticos, se ha logrado alterar en ningún momento su firme proceder.

Más bien habría que pensar que son sus señorías quienes con todo su bagaje de rectitud y justicia en el amplio sentido de su blasón, se han erigido como nuevos salvadores y conductores del destino de la patria, controlando las vicisitudes del poder político de manera muy similar a como los militares lo hacen con sus armas, sin dar lugar al establecimiento de dudas ni de desobediencias que en este caso son tildadas de desacato.

Esta última consideración es mucho más seria porque sitúa a los graves magistrados en la detentación de un poder abusivo, que resulta impensable por contraponerse a los principios más elementales de la práctica del derecho en los que, según se supone, fueron instruidos desde el inicio de sus estudios.

Sólo queda por tanto una salida honrosa para devolver la prez a este consejo, que consiste en llevar a cabo la hermosa práctica de la dimisión a fin de que la justicia auténtica que es la manifestada por los votantes españoles pueda expresarse con arreglo a las normas ya establecidas constitucionalmente y que estos ilustres togados tienen acallada para poder continuar avasallando con sus personalísimos intereses políticos.

LIBERTO